Menuda contradicción

Siempre, pero siempre, tras un anuncio de la expropiación de una empresa privada se elevan consignas y pancartas que vociferan contra el Gobierno en cuestión, con caricaturescas alegorías al “populismo”, “bananeros” y, en casos más evidentes del origen de la acción, el complot izquierdista hacia al Capitalismo.

¿Qué hay detrás de todo esto? No más que una discusión ideológica sobre los límites del Derecho de Propiedad. Sin la necesidad de tener conocimientos avanzados de Derecho en los bienes naturales le pertenecen a los Estados en prácticamente todos países del mundo, tales como el agua, mar, el cielo, sus yacimientos mineros, etc., como también es de su potestad establecer los mecanismos razonables y justos para su usufructo en pos de beneficiar a los ciudadanos que viven en su territorio, que la amplia acepción de la palabra corresponden a los “Privados”. No comprenderlo así, sería un absurdo.

Qué son los procesos de “Privatización”: una forma moderna de concesionar derechos de explotación de determinados recursos a terceros, los considerados “Privados”, para que bajo condiciones establecidas puedan sacar partido a estos bienes, siempre que esta actividad genere retribuciones razonables para los objetivos que persigue el Estado. La “Expropiación” es la acción contraria, donde el Estado se hace de bienes “Privados”, recuperando su potestad por decidir cómo administrar y distribuir los bienes que les pertenecen constitucionalmente, y que pudieron estar entregado temporalmente para su administración por otros. En ambos casos, estas transacciones se realizan mediante transacciones económicas que puedan asegurar la conveniencia mutua de las acciones y solventen los costos asociados a las pérdidas del “Negocio”. Vulgarmente conocido como una situación de Ganar-Ganar.

En algunos casos, estas ambas acciones se ejecutan conjuntamente en ambas direcciones para obtener un bien superior, como son los procesos de construcción de autopistas: El Estado utiliza su potestad para expropiar propiedades necesarias para la construcción de las autopistas y los Privados adquieren los derechos privatizados de concesión por uso de las vías. De por medio están los acuerdos necesarios para el éxito del negocio: construcción de nuevas vías de transporte bajo determinados estándares, pagos de derechos y tarifación de uso. Por lo tanto, la Expropiación es tan lícita como la Privatización. Sin necesidad de efectuar distensión política.

Pero ¿Qué ocurre cuándo las acciones de un Gobierno atentan contra el Estado? O dicho de forma simple ¿Cuándo el “experimento” falla y la Privatización empeora las condiciones por efecto de una determinada concesión? Existe evidencia de que muchos experimentos de “Privatización” no son perfectos, justos o inteligente. No ocurre una condición de Ganar-Ganar o se distorsionan los impactos para intentar parecerlo. Esto ocurre con las Autopistas Concesionadas, el sistema de Isapres y los Fondos de Pensión: Existen un beneficio aparente del mecanismo de “privatización” asociados a mejores carreteras, un modelo descentralizado de la cobertura y administración de la salud o generación de fondos de inversión con retornos positivos para pensiones futuras, pero hoy los ciudadanos ven sobrecostos por el uso de las carreteras y atenciones de salud, junto con una reducción de su poder adquisitivo, colocando un 12,5% de sus sueldos en AFP con rentabilidades que no promedian más del 10% en el largo plazo pero requiriéndose endeudar a tasas de hasta 50% para vivir (y en algunos casos, prestamos que provienen de los mismos fondos de inversión).

Suspicazmente alguien podría argumentar que, aun así, se mantendría una condición de Ganar-Ganar, pero al comparar a la velocidad que ocurren las “ganancias” de los actores, se llega a la conclusión que la distancia que se genera en el largo plazo revierte la posición del desventajado a una condición Ganar-Perder. Si el conflicto es entre Privados, podría asumirse que la condición es asumida bilateralmente, pero cuando la relación es Estado-Privado, con una legislación que establece una relación de este tipo, la interpretación cambia: La ciudadanía no tiene Libertad para dejar de “aportar” cerca de un 20% de sus ingresos al sistema de salud o fondos de pensión. Tampoco es razonable que la coyuntura temporal del Gobierno de turno, por muy legítimo que sea, tenga el poder de condicionar el futuro de un Estado. Por lo tanto, es de sana práctica comprender que, al igual que un Privado, un Estado puede revocar malas decisiones anteriores y restablecer condiciones razonables que le permitan recuperar el patrimonio (y dominio) temporalmente perdido, con una reparación razonable de su contraparte. Tampoco resulta lógico establecer una lógica de incentivar a “Privados” a realizar inversiones de interés del Estado, pero caducando su capacidad de lograr los retornos que justificaron hacer los esfuerzos.

La pataleta de los privados en los procesos de “Expropiación” solo es explicable en la sensación de la pérdida de un Derecho. En efecto, la discusión finalmente se concentra en la apropiación de bienes que, bajo otra estructura de la “Privatización”, nunca pudieron haber sido de su dominio ni pudo usufructuarse de un negocio. Esto siempre visto desde la interpretación de la Evaluación de Retornos Económicos Privados.

Por ello, cuando se plantea la imposibilidad a rajatablas de recuperar el agua y los yacimientos mineros en Chile, el petróleo en Argentina, estratégicamente claves para la sustentabilidad de un Estado, solo sustentado por un retorno monetario simbólico en la Balanza Comercial y otros indicadores económicos, versus asegurar el suministro eléctrico, la capacidad de calefaccionarse, disponer de recursos hídricos para el desarrollo de economías locales a micro-escalas, etc., es que la discusión se acaba en la racionalidad y entra en el dogmatismo sin sentido. Los países desarrollados preservan, sin complejos, la protección de los derechos claves y estratégicos para la sustentabilidad de su Estado ¿Sería lógico privatizar la defensa nacional (es decir, las fuerzas armadas)? ¿Privatizar los Poderes del Estado? Pues así tampoco tiene sentido esforzarse en extender el derecho de propiedad a bienes y servicios que, en su aplicación básica, condicionan la acción donde los Privados tienen mucho que decir y actuar.

Defender la “Privatización” sin reconocer la potestad Constitucional de su proceso opuesto, como lo es la “Expropiación” es el absurdo mantener el Statu Quo de un proceso que fracasó solo por la defensa ideológica axiomática.