NO ESTÁBAMOS PREPARADOS

Los peligros naturales suelen ser “hitos” en nuestra línea de tiempo. Los tiempos en los cuales se manifiestan terremotos, maremotos, inundaciones y otros, son tan breves que prácticamente no tenemos margen de acción durante su manifestación. A continuación, una breve reseña crítica a como “no estábamos preparados” para enfrentar el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Como consta en el primer párrafo de la “Ley General de Urbanismo y Construcción” (LGUC), su primera versión emanó el año 1931, “… dictada a consecuencias del sismo del año 1928 que destruyera la ciudad de Talca y que puso en manifiesto la necesidad de imponer la obligatoria observancia de normas técnicas, para mejorar la calidad y seguridad de la construcciones, a fin de evitar en lo posible tan desastrosas consecuencias.”

Pasado 8 décadas, con varios “eventos” sísmicos de magnitud entremedio (Chillán 1939, Valdivia 1960 y San Antonio 1985), leyes, decretos, normas y avances técnicos se encuentran en el banquillo de los acusados. La razón: dar explicación de por qué el día 27 de febrero se levantó un Chile tan distinto al que se acostó el 26.

“Un Peligro Natural, es un acontecimiento extremo de la naturaleza, potencialmente dañino para los seres humanos y que se produce con una frecuencia suficientemente reducida para no ser considerado como parte de la condición o estado normal del medio, pero sin dejar de ser motivo de preocupación en una escala de tiempo humana” (Burton). En el caso de Chile, su extenso territorio está expuesto al potencial daño de terremotos y maremotos. Somos un país sísmico con una vasta extensión de costa.

Siguiendo el modelo Mitchel, es necesario tener presente los 4 factores que nos colocan en peligro: (1) La frecuencia de los incidentes que causan pérdidas, llamado “riesgo”. (2) La magnitud de la población y estructuras en riesgo, llamado “exposición”. (3) El grado de preparación para enfrentar el peligro, llamado “vulnerabilidad”. Y (4) las acciones adoptadas para mitigar los efectos que puede causar un acontecimiento natural extremo, llamado “respuesta”.

No existe una única causa que gatilla una tragedia. La regla es que ésta venga de la combinación de factores que, por si solos, no presentan un peligro de magnitud ¿Y qué sucedió aquí?

No podemos desconocer que el terremoto-maremoto fue de una escala fuera de lo común, con una energía liberada equivalente a 130 más que al terremoto de San Antonio en 1985, y en Chile sólo superado en magnitud por el sismo ocurrido en Valdivia hace ya 50 años. Otro dato importante corresponde al número de personas afectadas y extensión geográficas: sólo considerando las zonas de mayor impacto, la población involucrada alcanzó los 11,6 millones de habitantes (69% de la población de Chile), con una superficie de 131.000 Km².

Un análisis crítico de las consecuencias del terremoto y maremoto que nos afectó, se debe realizar sobre las medidas tomadas para reducir la vulnerabilidad y mejorar nuestra respuesta.

Vulnerabilidad

En primer lugar, hay que reconocer que las nuevas normas de edificación cumplieron con darnos seguridad. Sólo un edificio de la nueva generación se desplomó. Otros tantos han quedado inhabilitados pero sin pérdidas de vidas que lamentar. Eso sí, esto no inhibe de responsabilidades a constructoras e inmobiliarias que no se ajustaron a estas normas ni a la calidad ofertada en planos de diseño, construcción, certificados y contratos: Los motivos tendrían 2 orígenes: (1) incompetencia y fallas de control interno e (2) intensión de no cumplimiento. Para que la entrega final de este tipo de construcción, obligatoriamente deben combinarse alguno de los factores anteriores con un (1) deficiente sistema de fiscalización o (2) corrupción entre las partes involucradas.

Un punto paradójico en la aplicación de las nuevas normativas de construcción es su no retroactividad, dejando que el mercado inmobiliario regulase la transición de viviendas antiguas, y construidas fuera de norma, a otras más seguras. Un punto especialmente delicado es el número de hospitales (11) que quedaron parcial o totalmente inhabilitados por el terremoto. Varios en sectores donde la oferta privada es escasa, nula o inalcanzable por el modelo de protección de salud. Dado su valor clave, resulta primordial que las nuevas revisiones a las normativas de construcción consideren el valor estratégico de hospitales e infraestructura como cuarteles policiales y servicios gubernamentales, con tipificaciones explícitas de las solicitaciones, en comparación con inmuebles asociados a comercio, actividades de recreación u otras.

En segundo lugar, las normativas para definir la planificación urbana y rural, y con ello planos reguladores, están dejando en un segundo plano los elementos de seguridad, particularmente los asociados a eventos extremos como son terremotos, maremotos, inundaciones y aluviones (lo que es paradojal, dado el espíritu con que se decretó la LGUC). Los factores son evidentes: incremento en la densidad poblacional sin la cobertura de servicios acordes y edificación en lugares de alto riesgo potencial. Por el contrario, se ha resuelto dejar al mercado la urbanización, gestado principalmente por el mercado de la vivienda, desconociendo el impacto vial y la demanda de servicios públicos tales como salud y seguridad, por ejemplo. Una muestra clara es la disponibilidad de servicios de asistencia de salud en la zona sur de Santiago, el sector más populoso de Chile. La falta de normas con respecto a la zonificación de suelo, dejando a criterio de planos reguladores que pueden ser modificados en el tiempo, han empujado a una desregulación de su uso, concentrando mayoritariamente la discusión en criterios de valorización económica por sobre factores de baja recurrencia, sin reparo al peligro potencial al que se expone personas e infraestructura, con es el caso de bordes costeros o suelos de baja calidad geotécnica para soportar edificaciones.

Un tercer punto importante a debatir es qué nuevos pasos debe seguir la legislación chilena para reducir aún más la vulnerabilidad a potenciales eventos naturales. Algunas sugerencias, y que saltan a la razón de lo vivido, son las normativas de instalaciones de artefactos y muebles en viviendas y construcciones: Calidad de vidrios para viviendas y lugares públicos, anclaje de equipos de refrigeradores, cocinas, aire acondicionado, etc. A modo de ejemplo, existe desarrollo tecnológico en la industria del vidrio que se ha aplicado a las normas de seguridad de automóviles: Parabrisas y vidrios laterales utilizados tienen propiedades que minimizan el daño a persona en caso de quebraduras, incluso ante accidentes a altas velocidades.

Respuesta

Es en este factor donde surge el mayor número de dudas. Las conclusiones generalizadas apuntan a indicar que no estábamos preparados. Enfocarse en lo ocurrido en la ONEMI y centrar en esta oficina la casi exclusiva culpa de lo ocurrido es una acción miope, pues hay todo un conjunto de hechos, que van desde nuestra estructura social hasta las acciones contingentes y reparación post-desastre, que respondieron bajo un caos, careciendo de una respuesta coherente y consistente a lo que estaba ocurriendo. No es afán centrarse en los temas de estructura social, pues quedó en evidencia que el modelo socio-económico tiene la fragilidad de una copa de cristal. Lo que es más impactante: no alcanzó a resistir siquiera 48 horas. En lo que sigue, el análisis se centra en las acciones concretas de respuestas, tanto de instituciones públicas y privadas, que se ejecutaron u obviaron en los momentos de mayor incertidumbre.

Con respecto a la respuesta gubernamental, la primera conclusión es que quiénes debieron dirigir las acciones de emergencia no estaban preparados para dar respuestas a la velocidad de las circunstancias. Una cadena de desatinos comunicacionales, donde pueden listarse al ministro Marcelo Tokman aludiendo ambiguamente al suministro de combustible, Edmundo Pérez-Yoma calificando la situación como “cataclismo”, Sebastián Piñera arrogándose la autoridad para ordenar las acciones del gobierno, Juan Antonio Coloma vociferando la ineptitud del gobierno en medio de la crítica situación y Jacqueline Van Rysselberghe frenética en una disputa pública con el intendente Jaime Toha, sólo dieron una señal que ninguno nuestros “lideres” está preparado para enfrentar el evento con la serenidad necesaria.

Un ápice aparte para los medios de comunicación, con un accionar que refleja las 2 caras de la moneda: sus acciones permitieron dar comunicación entre los afectados del terremoto y maremoto (tanto los afectados directa como indirectamente), utilizando la tecnología disponible, con lo que llevaron tranquilidad a un gran número de personas. Por otro lado, la magnificación de sucesos noticiosos, como la extensa vitrina a los saqueos, generó un pánico colectivo que sobrepasó lo meramente aconsejable como acción comunicadora. Incluso, el mismo Horst Pullman solicitó a los medios de comunicación que fuesen criteriosos en la comunicación del los saqueos puesto que, frente al pánico de desabastecimiento y desamparo, las acciones se incrementan sin distinguir la condición social ni educacional de los individuos. Bajo este estado, la lógica de la sobrevivencia supera las leyes de sociedad de consumo, pues dinero y derecho a la propiedad privada dejan de tener un valor.

Si se desea comparar en términos de guerra lo que fue el terremoto, curiosamente la magnitud con que se miden los movimientos telúricos es en unidades de “energía liberada”, al igual que las bombas atómicas. En el caso de la bomba lanzada en Hiroshima, la energía liberada fue de 0,02 megatones. En el terremoto del 27 de febrero liberó una energía equivalente a 100 megatones, lo que es igual a 5.000 bombas nucleares como las usadas en la II Guerra Mundial. Bajo estas circunstancias, las fuerzas armadas es el contingente mejor preparado para ejecutar las primeras maniobras de asistencia luego de ocurrido un evento de este tipo. Para tener en consideración: (1) tienen una estructura organizacional que permite tomar rápidas acciones de manera coordinadas y certeras, y (2) contingente y equipamiento que permite acceder a cualquier lugar del territorio, brindando la ayuda inicial mientras se reorganiza la sociedad civil.

Un factor relevante en la capacidad de respuesta de las FFAA frente a estos eventos esta la asignación de recursos: no se basa en factores de mercado ni métodos de evaluación económica. También cabe hacer notar que no es necesario dotar a las FFAA de poderes especiales como los considerados en un Estado de Sitio, para que ejecuten faenas de asistencia.

Un tercer elemento donde la respuesta quedó al debe fue la capacidad de organización de la sociedad civil y la falta de planes para enfrentar estas emergencias. Quedó en evidencia que somos intolerantes a la ausencia de las comodidades del mundo moderno. El estilo de vida de lo “inmediato” no ha permitido conmensurar aún que el movimiento telúrico es el 5 más grande registrado en la época moderna y el segundo más grande en la historia contemporánea de Chile. Es decir, un evento fuera de lo común, que nos afecta, en términos de suministros de agua, luz y energía, una semana en quizás toda una vida. Pocos reparan que el corte de estos suministros básicos obedece más a factores de seguridad que a fallas de suministro, con el afán de evitar incendios, inundaciones u otros efectos adversos. Alternativas menos cómodas, como el uso de velas, cocinar a leña o efectuar ollas comunes debe ser parte de nuestra educación para enfrentar estos eventos, que curiosamente utilizan las comunidades que no operan bajo la lógica de “clientes”.

Con respecto a los aspectos de comunicación y suministro de víveres, ha quedado en evidencia que no es posible manejarlo totalmente a través del mercado, a menos que existan garantías reales de suspensión temporal del bien de propiedad privada para este tipo de eventos. El servicio de comunicaciones, con un número de canales de comunicación establecido por reglas de mercado fue, evidentemente, clave en la capacidad limitada de respuesta de los diversos organismos.

Por otro lado, la red de suministro de víveres resulta ser clave a la luz de los acontecimientos. En tiempos normales, lo que es eficiente, deja de serlo ante este tipo de eventos y la falta de energía inactiva los sistemas de contabilidad y sistemas de pago, imposibilitando a las grandes cadenas de supermercado, que prácticamente totalizan el mercado de suministro de alimentos, en dar abasto a un incremento irracional de consumo dadas las condiciones ambientales. Ahí queda en evidencia que el mercado no puede moverse a la velocidad de un terremoto y es necesario reglamentar medidas de contingencias de este tipo.

Finalmente, las acciones de respuesta de corto plazo deben ser integradas a nuestro patrimonio cívico. Deben existir medidas que den seguridad a los afectados que su estilo de vida será repuesto en tiempos razonables: vivienda, alimento, educación-trabajo y salud. Para ello, es razonable pensar un modelo conjunto público-privado de seguros, con garantías explícitas y tiempos definidos. En este sentido, los servicios de seguros cobran relevancia en dar solvencia al proceso de normalización.

Es necesario tener estratégicas de remodelación de infraestructura y servicios, con planes que permitan efectuar una “actualización” de bienes materiales, no dejando al mercado la potestad de sacarlo de circulación.